Archivo de noticias - SEPTIEMBRE 2018

 
Europa abre la puerta a corregir otro abuso de la banca: el vencimiento anticipado. La proposición de Ley de Transparencia en la contratación masiva, en tramitación en el Congreso e impulsada por ADICAE, daría respuesta eficaz a controversias como la abor
imagen La Comisión y el Abogado General de la UE consideran contraria a la normativa europea la doctrina del Tribunal Supremo sobre el vencimiento anticipado. El abogado del TJUE y la CE consideran que no pueden proseguir las ejecuciones iniciadas en base a cláusulas de vencimiento abusivas.

La conclusión del abogado de la UE hace más necesario que nunca la aprobación urgente de la ley de transparencia en la contratación masiva que se tramita en el Congreso y que integra la ineficacia plena de las cláusulas abusivas: es decir si una cláusula es declarada nula, todos los efectos generados por dicha cláusula deben anularse. 

El abogado Szpunar vuelve a sacar los colores a la justicia española y a la banca en la presentación de sus conclusiones sobre cinco casos en que los tribunales españoles preguntaban cómo actuar en caso de ser considerada abusiva la cláusula de vencimiento anticipado. 

Uno de los tribunales que precisamente planteó una cuestión prejudicial al TJUE fue el propio Supremo que en su día dio una de cal y otra de arena al examinar el vencimiento anticipado. El TS declaró nula por abusiva la cláusula pero limitó los efectos de esa nulidad, como ya hizo en su día con las cláusulas suelo, permitiendo que la banca pudiera declarar vencidos los préstamos e iniciar los desahucios en caso de tres impagos, en base al artículo 693.2 de la LEC.

Legislación española

La proposición de Ley de Transparencia en la contratación masiva, en tramitación en el Congreso e impulsada por ADICAE, daría respuesta eficaz a controversias como la abordada por el TJUE. 

Frente a la que se anuncia como un nuevo varapalo de la Unión Europea a España en materia hipotecaria, el actual proyecto de Ley de Crédito inmobiliario constituye una burla al esquema europeo de protección de los consumidores, al aprovechar la transposición de una directiva para eludir el cumplimiento de la propia normativa europea. 

El proyecto de ley de Crédito inmobiliario trata de legitimar esta práctica abusiva mediante la sustitución por una nueva condición, algo que ha condenado la justicia europea. Además lo hace con porcentajes insignificantes: nueve impagos o el 2% del total del préstamo. Unas cifras que el abogado Szpunar también declara abusivas al considerar desproporcionado un vencimiento anticipado teniendo en cuenta la duración del contrato y las cuotas impagadas. 

¿Qué propone ADICAE? La asociación propone un aumento razonable de estos porcentajes que nos ponga en sintonía con los países europeos de nuestro entorno: un 10% del valor del préstamo para impagos que se produzcan en la primera parte de la duración préstamo, y un 12% del valor del préstamo para impagos que se produzcan en la segunda parte del mismo.

ADICAE inicia una campaña de información y organización con los hipotecados en respaldo a las tesis de la Comisión y del Abogado General del TJUE.

 
ADICAE solicita una ampliación del plazo para que todos los afectados presenten alegaciones en el caso de resolución del Banco Popular que acaba este VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE
imagen ADICAE solicita una ampliación del plazo para que todos los afectados presenten alegaciones en el caso de resolución del Banco Popular Acaba este 14 de septiembre

La falta de información, el oscurantismo y las dificultades que han sufrido los accionistas y bonistas afectados por esta resolución empujan a ADICAE a solicitar esta ampliación. 

A pesar de ello la Asociación ha presentado ante la JUR el escrito para hacer las alegaciones oportunas, en su nombre, y como asociación de consumidores, en representación de 2.391 afectados que se han agrupado en torno a ADICAE.

La asociación ultima un informe que desacredita la forma y fondo de la medida adoptada. En paralelo mantiene un recurso ante el TJUE y la acción penal en España. 

Manuel Pardos, presidente de ADICAE, ha enviado esta semana una carta a la presidenta de la JURElke König, en la que le traslada la necesidad de ampliar los plazos para que todos los afectados puedan demostrar las pérdidas ocasionadas por aquella decisión.

ADICAE manifiesta que es necesario alargar en el tiempo el registro para el derecho de audiencia ya que se hace más necesario que nunca poder escuchar a los más de 300.000 perjudicados por el fraude ocurrido hace ya un año y tres meses. 

El anuncio de la JUR de que no tiene intención de establecer una compensación a los accionistas y bonistas de Banco Popular para que recuperen el dinero perdido se realizó en el mes de agosto, un periodo vacacional en el que la actividad baja de forma considerable en España y cientos de miles de pequeños ahorradores no han tenido la oportunidad de informarse de forma adecuada para poder reclamar. Por esta razón resulta imprescindible exigir ese aplazamiento. 

La constante solicitud de asesoramiento por parte de los accionistas afectados, la falta de claridad y transparencia a la hora de informar sobre el trámite a realizar para presentar las alegaciones, y el aluvión de peticiones y consultas que hemos recibido en los últimos días por miles de ahorradores afectados en las múltiples asambleas informativas realizadas por todo el país, han llevado a ADICAE a plantear este requerimiento para que nadie se quede sin su derecho de audiencia.

La asociación reitera que el informe de la JUR no es vinculante y que la acción colectiva, aunando las solicitudes de los perjudicados, puede tumbar la decisión europea, habida cuenta de las enormes pérdidas que les ha acarreado. "Lo único firme de la resolución de la JUR es que abre una consulta a todos los posibles afectados que tienen ocasión de mostrar su descontento y demostrar que han sufrido pérdidas", explica Manuel Pardos.

 
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