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Una de nuestras labores es asesorar y defender a los ciudadanos y ciudadanas en sus problemas, tanto con cualquier entidad financiera, como con cualquier otra empresa de productos y servicios. Más allá de esto, frente a los poderes económicos del sistema económico actual, que incitan al consumismo, el sobreendeudamiento y a la hegemonía de los bancos y grandes empresas, ADICAE te invita a asumir el papel activo que nos corresponde a todos los consumidores y a participar en la reivindicación de avances y mejoras en nuestros derechos.

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ADICAE pedirá responsabilidad patrimonial al Estado por funcionamiento anormal de la justicia en el caso Fórum
imagen Si no prospera la solución política que aprobó el Congreso en 2014

El fracaso de la justicia hace inexcusable la aplicación de la solución política propuesta por ADICAE en 2014 y aprobada por unanimidad en el Congreso. La asociación requiere a todos los grupos y al Gobierno el cumplimiento de la misma después de haber sido ignorada por Rajoy durante años.

ADICAE se dirigirá a los grupos parlamentarios y también con el Gobierno de Pedro Sánchez para que se cumpla la solución política que la asociación viene exigiendo y que aprobó el Congreso en noviembre de 2014. Un acuerdo que se logró por unanimidad de todos los grupos, algo poco frecuente, y que el anterior ejecutivo ignoró deliberadamente y forma reiterada.

Esta solución restauraría la confianza en el Estado de Derecho que está en tela de juicio tras la sentencia contra los exdirigentes de Fórum que ahonda en el fracaso evidente de la justicia para dar respuesta a 270.000 familias que vieron como se esfumaban sus ahorros. 

A día de hoy solo han recuperado, en el mejor de los casos, el 20,5% de los mismos, y que tras el fallo judicial, no tienen expectativas de crecer porque los condenados no pueden hacer frente a la responsabilidad civil. Es verdad que la sentencia condena a los exdirigentes de Fórum a devolver todo lo defraudado, pero en la práctica con los inmuebles y cuentas embargadas los afectados podrán recuperar entre 40 y 60 euros después de 12 años de largo camino judicial. 

Si todo sigue igual, ADICAE no se quedará de brazos cruzados. En primer lugar presentará un recurso ante el Tribunal Supremo por la rebaja de penas de los condenados respecto a lo que pedía la asociación e incluso la fiscalía, que llegó a tildar el caso Fórum "como el mayor fraude de la historia de España". Es algo evidente que estas condenas no concuerdan con la magnitud del fraude. 

Y en segundo lugar, siempre que no se ponga en marcha la solución política aprobada, ADICAE presentará una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la administración de Justicia. La propia sentencia admite que uno de los argumentos para la rebaja de penas se debe, junto al entender que los delitos se cometieron en concurso ideal y no real como defiende ADICAE, al retraso del procedimiento, algo totalmente inaudito e insólito.

 
ADICAE califica de fracaso total de la justicia y de la política la sentencia de Forum
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ADICAE exigirá a los grupos parlamentarios el cumplimiento del acuerdo unánime del Congreso que el Gobierno de Rajoy ignoró completamente

Los vergonzosos 12 años de procedimiento, que seguramente todavía se extenderá otros 2 más, demuestran la ineficacia y el descrédito de la Justicia, que sólo sirve para dar cabida a los injustos argumentos de defensa de los acusados cuando en los primeros meses de instrucción la estafa quedó plenamente acreditada

Por otro lado, el resarcimiento de los afectados no será posible porque los defraudadores sólo responderán con sus bienes embargados, insignificantes para afrontar su responsabilidad civil

El fallo demuestra que defraudar sale barato en España. Doce años después de la estafa que el fiscal consideró el mayor fraude de la historia de este país, los 270.000 afectados ven como el Estado de derecho les da la espalda, rebajando las penas que pedía ADICAE e incluso la propia anticorrupción.

"El mayor fraude de la historia de España" se salda con tan solo 12 años y cuatro meses de cárcel para el cabecilla de esta estafa, Francisco Briones, cuando la fiscalía pedía hasta 19 años de cárcel y ADICAE elevaba la petición hasta los 27 años.   

La lamentable rebaja de penas también ha afectado al resto de acusados llegando a la vergonzosa absolución de los exconsejeros Hijón, Fernández, López Gilarte y Maciá,para los que ADICAE pedía hasta 15 años de prisión. 

La asociación cree que esta sentencia es un claro ejemplo del incumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en la Constitución, que hace que la resolución de un caso de esta magnitud se retrase tanto tiempo, dejando a miles de inversores y familias en la estacada. 

La sentencia es un claro ejemplo de que defraudar sale barato en España y menoscaba el desincentivo a la comisión de fraudes masivos como el acreditado en esta estafa, en detrimento de los derechos de los consumidores y usuarios. 

La condena penal no logrará restituir los importes a los 270.000 afectados, que hasta hoy solo han recuperado el 20% de lo que les robaron. Ni la responsabilidad civil de 3.700 millones impuesta a Briones ni las cantidades y bienes intervenidos al resto de acusados lograrán devolver el 80% restante a los afectados. 

Por todo ello, ADICAE, sigue reclamando la solución política que fue aprobada hace ya cuatro años en el Congreso de los Diputados y en todos los parlamentos autonómicos, para dar una solución eficaz a las miles de familias víctimas de este gran fraude.

 
ADICAE HA MANTENIDO Y MANTEDRÁ LA ACUSACIÓN POPULAR EN EL PRIMER JUICIO PENAL POR LAS PREFERENTES
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La Audiencia Nacional tendrá ahora que decidir sobre la doctrina Botín. ADICAE tiene claro que los delitos están ahí y que hay que defender el interés. Por eso ve lamentable que se haya tenido que suspender el procedimiento en el juicio de las preferentes de la CAM.

El daño a la economía española, los recortes aplicados por las ayudas que hubo que insuflar a la banca por su deterioro, el perjuicio que causaron a la sociedad española queda impune con esta situación que el Ministerio Fiscal ha propiciado, sin detenerse a considerar el efecto de permisividad que permite que los ladrones de cuello blanco sigan campando a sus anchas ante tribunales y sociedad.

El primer juicio penal que afrontaban los responsables de un fraude económico y social enorme a España, sus ciudadanos, sus consumidores, como fueron las preferentes de la CAM ha quedado disminuido. ADICAE es la única que sigue manteniendo, y mantendrá en un futuro, la acusación popular, para que este gran escándalo no quede impune, según ha manifestado el presidente de la asociación Manuel Pardos. 

La Fiscalía Anticorrupción, aceptando la aplicación de la doctrina Botín, y ejerciendo de abogada de los acusados, ha perdido la oportunidad de sentar un precedente que evite situaciones similares posteriores y que todos los responsables de productos y actuaciones tan tóxicas para los consumidores y la sociedad en general se vayan "de rositas".

Lógicamente las defensas se han adherido a la posición inexplicable de la Fiscalía: "El Ministerio Fiscal ha adoptado una posición vergonzosa histórica. Es decir, nada menos que aceptar que todo el fraude de las preferentes no tuviera algún reproche penal. Ya lo lamentábamos, no queríamos acusar a la Fiscalía. Queríamos respetar. Pero su retirada es leguleya, arbitraria y sin sentido". 

Para Pardos, las preferentes son un "inmenso fraude" no conocido ni en España ni en Europa hasta este caso. "Afortunadamente hemos conseguido que, poco a poco, y aún quedan damnificados, poco a poco, hayan tenido que devolver el dinero. Un dinero defraudado, por no decir robado. Lo han tenido que devolver.", ha declarado en la Audiencia Nacional. 

ADICAE cree que la sociedad española, ante este fraude, merecía y merece una explicación. De ahí la importancia que tiene el juicio que empezaba y ha quedado suspendido "sine die" hoy. "No se les ha condenado por el crimen de verdad que han hecho que es, nada menos, que hundir a las principales cajas de ahorros. Y se les condena por unas tarjetas black, por unas pensiones fabricadas criminalmente, por unos delitos menores. La sociedad española, cree ADICAEno se merece eso", ha afirmado Pardos.

 
CLÁUSULAS SUELO: VARAPALO A LA BANCA Y RESPALDO A LOS CONSUMIDORES
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El Auto por el que la Audiencia desestima todos los recursos presentados por las entidades clarifica que en la acción colectiva no se examina si el consumidor prestó o no su consentimiento, y que frente a la práctica sistemática de incluir la cláusula suelo resulta "irrelevante el perfil cualificado de determinados consumidores" alegado por muchas entidades. De esta forma, el tribunal niega el intento coordinado de las entidades demandadas de convertir la demanda interpuesta por ADICAE, y respaldada por más de 9.000 familias hipotecadas, en un análisis individualizado de 9.000 reclamaciones.

Con esta resolución la macrodemanda de ADICAE sigue abriéndose camino en los tribunales frente a los palos en las ruedas que la banca ha intentando poner desde el inicio del proceso. Cabe recordar que esta acción colectiva de ADICAE ya obtuvo una sentencia favorable del Juzgado Mercantil 11 de Madrid declarando la nulidad de los "suelos", que fue recurrida por las entidades pese a las sentencias del Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejando claro el carácter abusivo de estas cláusulas.

En un intento indisimulado por evitar una sentencia colectiva, los bancos (condenados ya en primera instancia) solicitaron pruebas que incluían la declaración de todos sus directores de oficina, decenas de notarios, o todos los clientes adheridos a la demanda de ADICAE. Tras rechazarse estas pruebas, las entidades recurrieron (fueron presentados 26 recursos contra esta negativa), y la Audiencia ha resuelto ahora de forma contundente.

ADICAE, que celebra la decisión de la Audiencia, considera la posición de las entidades una muestra de su incapacidad para asumir y corregir sus errores y abusos puestos de manifiesto en la crisis, y su nula voluntad por afrontar un giro en su actuación y relaciones con los clientes imprescindible para restaurar la confianza de los usuarios en un sector que sigue eludiendo sus responsabilidades

El auto destaca que es el control de abusividad y de transparencia el que centra el proceso, y que por ello es absolutamente irrelevante que el cliente haya consentido o no en todas y cada una de las cláusulas estipuladas. "No es cuestión ni de lectura notarial, ni de consentimiento, ni de cumplimiento de requisitos de incorporación", asegura, insistiendo en que no se examina si el consumidor prestó o no su consentimiento.

Como ha defendido ADICAE en su demanda, la Audiencia Provincial recuerda que "en la acción colectiva se debe atender de modo exclusivo a aquella práctica estandarizada de la entidad bancaria, al no juzgarse ahora situaciones individuales de contratación de determinados consumidores. Ha de reiterarse, que el control abstracto alcance al examen de abusividad por falta de transparencia no puede justificar la completa alteración de los rasgos de tal examen abstracto y contaminarlo con rasgos del puro control individual"

Tras esta resolución, el único trámite que resta antes de la sentencia es la celebración de la sesión de votación y fallo del tribunal, lo que ADICAE espera que se produzca a finales del verano.

La sentencia además, al declarar la nulidad de todas las cláusulas suelo empleadas por toda la banca en España, comportaría el reconocimiento del derecho de todos los consumidores víctimas de este abuso a la recuperación de todas las cantidades indebidamente pagadas sin necesidad de analizar individualmente las circunstancias de cada caso, lo que solicitaría ADICAE en ejecución de sentencia.

El fallo es más urgente que nunca una vez que se ha demostrado la ineficacia tanto de la vía judicial como del mecanismo extrajudicial establecido específicamente. Así, de las más de 240.000 demandas presentadas en los juzgados tan solo se han resuelto poco más de 9.000 (casi todas ellas a favor del cliente). Por otro lado, según los datos de la Comisión de seguimiento, control y evaluación del procedimiento extrajudicial aprobado en el Real Decreto de enero de 2017, comisión de la que forma parte ADICAE, tan solo el 40% de las más de 1.130.000 reclamaciones presentadas obtienen algún tipo de solución. Estos datos refuerzan la necesidad de una verdadera solución colectiva para el fraude de las cláusulas suelo.

 
DERECHOS PARA LAS VACACIONES

Los consumidores cuentan con nuevos derechos estas vacaciones, tras la entrada en vigor el pasado 1 de julio de la Directiva 2015/2302, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, aunque la misma no se haya traducido aún en norma española, dado que la Directiva ya está vigente en toda Europa y por tanto los derechos clave que prevé son de aplicación desde el domingo pasado. 


ADICAE advierte de que en vacaciones aumentan los riesgos de fraude o conflicto por eso es muy importante que el consumidor conozca los derechos que le reconoce la norma europea para reclamar cuando éstos sean atacados. 


La nueva normativa busca reforzar la posición del consumidor en varias materias, especialmente en la transparencia y la protección contra la insolvencia. Comienza aclarando que cuando se combinen al menos dos tipos de servicios entre transporte, alojamiento, alquiler de coches o excursiones se estará ante un viaje combinado o un servicio de viaje vinculado. Sin embargo quedan excluidos los seguros, lo cual ADICAE intentará corregir en la tramitación de la norma española de transposición. 


ADICAE valora como un avance que, junto a los 'paquetes' tradicionales de vacaciones, también se considere viaje combinado el diseñado por el propio consumidor, con independencia de si lo ha reservado de forma presencial o a través de Internet.


Otra de las novedades de la directiva es que se aplica no solo a los viajes combinados sino también a los servicios de viaje vinculados, es decir cuando al viajero se le propone contratar otro servicio de viaje en el punto de venta donde adquirió el primero. 


En todo caso, las empresas deben informar si se trata de un viaje combinado o servicio de viaje vinculado, así como de las características, el precio y cualquier gasto adicional. Respecto a este último punto, y reforzando la transparencia de la contratación, la normativa deja claro que el consumidor no tendrá que soportar ningún gasto, tasa o coste adicional que no se haya mencionado antes en el contrato. 


Una de las grandes novedades y donde se mejora notablemente la protección al consumidor es el denominado seguro de insolvencia, que cubre la devolución del dinero y la repatriación en caso de quiebra o concurso de acreedores. La normativa permite al usuario cancelar el viaje con una tasa razonable de forma libre (la concreción al respecto deberá realizarse en la transposición a la normativa española) o de forma gratuita si se produce un alza de más del 8% del precio del servicio, además de en caso de peligro o catástrofe natural. También el consumidor tiene derecho a tres noches de alojamiento en caso de que no poder regresar en el momento convenido.

 
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